A plena luz: desfinanciar para destruir
El gobierno le declaró la guerra a la salud, a la educación, a la vejez, a la discapacidad, a la industria, al trabajo formal. Hace un año acusaban de corrupción a los universitarios, a los trabajadores del Garrahan, a las familias de personas con discapacidad, a los comedores barriales y a muchos otros. En todo este tiempo no se ha encontrado ningún delito significativo. Por el contrario, la realidad muestra que la casta de ladrones no está en la universidad sino en los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo, que gobiernan para enriquecerse y para favorecer los negocios de unos pocos.
La universidad pública que defendemos, la que asegura su carácter inclusivo y de excelencia, no se sostiene con salarios de hambre. La inacción colectiva como respuesta al desfinanciamiento de los bienes comunes (educación, salud, transporte, etc) constituye una forma de cobardía y de complicidad. Para destruir las escuelas, los centros de salud, las universidades, los hospitales, no se requiere solo de topos elegidos a través del voto sino de sociedades que renuncian a sus derechos y a su voluntad de luchar por condiciones dignas. Los derechos más importantes que gozamos no los obtuvimos sin pelear por ellos activamente, por lo que necesitamos esa misma determinación para defenderlos. Quienes transitamos las instituciones públicas –ya sea trabajando en ellas, estudiando o habitándolas– conocemos mejor que nadie sus deficiencias, pero precisamente por experimentar su valor, nos oponemos a destruirlas. Nos rebelamos contra la muerte lenta por asfixia presupuestaria. No vamos a permitirnos la resignación frente a este rumbo ominoso que tratan de imponernos cuando sabemos que hay caminos alternativos y mejores.
Muchas generaciones se comprometieron para que tengamos la Universidad Pública que una multitud ciudadana de diversa extracción política reconoce como importante, tal como se pudo apreciar en las enormes marchas del 2024. El desfinanciamiento de la educación pública no obedece a una temporal necesidad de austeridad sino al plan manifiesto de acabar con la universidad y las escuelas que la Constitución garantiza. Lo mismo sucede en otras áreas que se pretenden “destruir desde adentro”, tal como manifiesta orgullosamente el propio gobierno. Algunos desde el principio, otros poco a poco, todos de un modo u otro advertimos que el plan económico ha consistido en tranquilizar a la población con una estabilidad que no tiene nada de sólida, mientras se transfieren inauditos recursos a los sectores más concentrados. El gobierno elige asegurar las ganancias de los capitales financieros: en Mayo de 2025 se gastó más en intereses para sostener el “carry trade” –pesos que generan pesos y no producen nada útil– que en las jubilaciones (6.3 billones vs 4.1 billones, respectivamente). Las grandes corporaciones, que reparten migajas dejando pueblos contaminados y resecos, también se favorecen: el gobierno eliminó las retenciones para la exportación de minerales (oro, cobre, etc) y armó un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que regala ganancias extraordinarias a cambio de nada. En el ámbito de las tecnológicas, Mercado Libre goza de exenciones impositivas mientras embolsa ganancias que se multiplican año a año. Así, la mayoría de los trabajadores, que somos quienes producimos las riquezas del país pagamos proporcionalmente muchos más impuestos (IVA, ganancias, etc) y recibimos salarios cada vez más exiguos. Nos empobrecemos esforzadamente al tiempo que acrecientan sobre nuestras espaldas una deuda cada vez más desproporcionada, contraída para sostener este hurto.
Condiciones necesarias para educar(nos)
En este contexto se da el desfinanciamiento de la Universidad Pública (y el desguace de muchas instituciones imprescindibles del mismo ecosistema de ciencia y tecnología: INTI, INTA, Conicet, Vialidad, etc). La insuficiencia salarial nos obliga a los trabajadores (que en las universidades no son sólo los docentes sino también los PAyS) al multiempleo, a la precarización, al trabajo en negro. Así y todo no se logra una vida digna sino apenas una forma de supervivencia, en otras palabras: no se llega a fin de mes. Muchos nos vemos obligados al pluriempleo o directamente a renunciar en busca de trabajos con mejores condiciones laborales. Desde el inicio de la presidencia de Javier Milei nuestros salarios, que ya venían deteriorados, perdieron un tercio de su poder adquisitivo. ¿Podemos, en estas condiciones, ofrecer una labor de calidad? ¿Cómo se piensa una enseñanza en sintonía con los requerimientos de la “sociedad del conocimiento” pero con salarios de hambre? Sin ingresos dignos, sin presupuesto para proyectos, becas y equipamiento, la universidad se convierte en una sombra de lo que fue y de lo que puede ser. Por eso defender los salarios no es una reivindicación sectorial: es defender la realidad material y concreta de quienes estudian hoy, es garantizar el acceso de los futuros estudiantes y es proteger los intereses de toda la sociedad. ¿Acaso no necesitamos cantidad y calidad de profesionales de la salud, ingenieros, educadores? ¿Qué preparación tendrán si estudian en instituciones decadentes? ¿Qué confianza podemos tener en los egresados de universidades empobrecidas?
La universidad no es gratuita: de alguna manera se paga. A diferencia de las relaciones comerciales donde un cliente consume un servicio, el acceso a lo público (salud, educación, transporte, etc) permite equilibrar los derechos de personas que no nacen con las mismas oportunidades para desarrollarse. Este contrato social, del cual nos beneficiamos directa o indirectamente, no puede reducirse a la expectativa simplista de que los estudiantes deben recibir clases y los docentes garantizarlas bajo cualquier condición. Lo político es explicitar quién es responsable de sostener el sistema educativo, por qué razones, para qué fines y cómo vamos a garantizar su funcionamiento para que cumpla su función social.
Las autoridades universitarias se han acostumbrado a gestionar la pobreza, y en vez de encabezar los reclamos por la autonomía y los necesarios recursos para el funcionamiento de la universidad se dedican a ofrecer una normalidad impostada, disimulando la falta de presupuesto, hasta tal punto que muchos estudiantes viven el día a día de sus cursadas como si nada grave estuviera pasando.
También hay sectores de trabajadores que no reaccionan: algunos votaron al gobierno de turno y prefieren mantener esperanzas infundadas; otros porque, condicionados por expectativas ajenas, suponen que deben tutelar a los estudiantes asegurándoles las clases y ofreciéndoles una educación esterilizada de discusiones políticas. Quizás estos últimos son producto de una formación ya empobrecida, nadie dice que la universidad fuera perfecta antes de Milei.
Aprender a defender los bienes comunes
Lxs estudiantes han sido históricamente quienes tuvieron la energía y la determinación para batallar por las causas justas, para enarbolar principios sin miedo a los fantasmas que se agitan ante ellxs. Protagonizaron luchas memorables: la Reforma de 1918, las resistencias a distintas dictaduras (Onganía, “Proceso de Reorganización Nacional”), contra el neoliberalismo de los ‘90, contra el desfinanciamiento en múltiples oportunidades, etc. Sin ellas y ellos no habría universidad pública, tendríamos aún claustros con profesores pregonando dogmatismos, y posiblemente habría aranceles que impedirían, de forma más directa, el acceso a los hijos de familias trabajadoras. Este momento los reclama más que nunca. Estamos a tiempo de encontrar los modos de actualizar ese protagonismo y de unir las fuerzas de todos los universitarios (estudiantes, docentes, pays, egresados). Los convocamos (nos convocamos) a prepararse (a prepararnos), a no renunciar a la idea de un futuro mejor, y a luchar por él. ¿Qué enseñan los docentes conformándose con salarios de pobreza? ¿Vamos a permitir que la función docente pueda quedar en manos sólo de quienes tienen sus necesidades económicas resueltas por otros medios?
Si no hacemos nada, si confiamos en el mercado como organizador de la vida social, lo más probable es que se pierda definitivamente la posibilidad de vivir en un país más justo. El individualismo y el aislamiento confabulan para desterrar cualquier posibilidad de cambio. La salida es colectiva y requiere un aprendizaje que se adquiere con la práctica, que se aprende haciendo. Todos necesitamos juntarnos con otros para discutir, para encontrar los modos de defender lo que es nuestro, para descubrir nuestra forma de contribuir a la acción colectiva.
La Universidad para el Buen Vivir
La universidad es una herramienta indispensable. Es un espacio donde los saberes se entrecruzan, donde se pueden dar debates necesarios para encontrar caminos hacia el buen vivir. Las ciencias, la filosofía, la tecnología son saberes que favorecen las posibilidades de que nuestras comunidades se desarrollen soberanamente y logren mejores condiciones de vida, con independencia de los poderes que tienden a concentrar la riqueza en pocas manos, y con más igualdad y cooperación para poder vivir vidas dignas. Por todo esto, si te preocupa tu futuro, pensá que lo que está en juego no es el cursado de este cuatrimestre, no es la posibilidad de completar el dictado del programa de cátedra, no es la presentación del informe de investigación sino la continuidad misma de la Universidad Pública.
¡Sin educación no hay vida digna! ¡Sin salarios dignos no hay sistema educativo! Condiciones dignas de vida para estudiantes y trabajadores Las riquezas para el pueblo que las genera
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