Llegamos a este 8 de marzo después de casi un año de pandemia, aislamiento social primero, distanciamiento social obligatorio e inicio de campaña de vacunación. Un año en el que todas las desigualdades se han profundizado, y en el que la crisis castiga, como siempre, a quienes están más vulneradxs.
Las universidades públicas no quedaron por fuera de esta situación, y tampoco quienes trabajamos en ellas. Durante este año estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicios tuvimos que ponerle el cuerpo a la virtualidad, adaptarnos rápidamente a esta nueva situación, muchas veces resolviendo sobre la marcha lo que fuera apareciendo, poniendo nuestra creatividad pero también nuestros recursos, de modo de garantizar que pudieran continuar, en las mejores condiciones posibles, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por supuesto, esto tuvo - y tiene - un costo: dejar las aulas, no poder encontrarnos cara a cara no nos fue gratuito y nos sigue pesando; además, muchxs tuvimos que poner dinero de nuestros bolsillos para renovar conexiones a internet, computadoras, micrófonos y otros elementos, en un año en el cual nuestros salarios quedaron muy atrasados con respecto a la inflación.
Esta situación repercutió en particular en mujeres y disidencias sexogenéricas. Durante este período las tareas de cuidado, que recaen mayormente sobre nosotras, se vieron intensificadas. El teletrabajo llevó a la flexibilización de los horarios y las fronteras entre el trabajo y la vida privada se desdibujaron. Las actividades escolares de niñxs recayeron fuertemente en las mujeres, quienes además de trabajar a distancia tuvieron que organizar y colaborar con las tareas diarias. Eso repercutió en nuestro trabajo: en todo el mundo, la cantidad de publicaciones científicas de autoras mujeres bajó notablemente, mientras que en el caso de los varones el número se incrementó. En la mayoría de los casos, no se pidieron licencias por cuidado de menores o familiares a cargo, muchas veces para no perjudicar al resto del grupo de trabajo, lo que intensificó la carga para nosotras. A pesar de las declaraciones de buena voluntad, la realidad es que desde las autoridades de las universidades y de los organismos de ciencia y tecnología no hubo políticas claras para que se tengan en cuenta estas situaciones y que no repercuta en futuras evaluaciones, concursos y promociones.
Ahora se está iniciando la vuelta a la presencialidad con una modalidad mixta; es necesario que sea llevada adelante priorizando la salud de todas las personas involucradas en condiciones adecuadas, sin sobrecarga de trabajo y de la manera más sencilla posible.
A esta situación debe sumarse la brecha salarial: la mayoría de las mujeres tienen salarios más bajos que los varones por el mismo trabajo. En la Universidad, esto puede verse en cuánto nos cuesta llegar a ocupar determinados lugares y cargos; también solemos tener que capacitarnos más para acceder a un puesto, y tenemos que demostrar constantemente que estamos a la altura.
La deuda con mujeres y disidencias no empezó el año pasado con la pandemia. En la Universidad, si bien se han dado algunos pasos como la implementación de la Ley Micaela, la elaboración de protocolos de actuación y la creación de comisiones de género, aún queda mucho camino que recorrer. Hay que avanzar para terminar con el acoso, la discriminación y el abuso de poder en las cátedras, laboratorios y aulas. Necesitamos con urgencia, entre otras cosas, licencias por violencia de género. Debe ser una política activa y no un gesto para la foto.
Quienes trabajamos y estudiamos en la Universidad no estamos por fuera de las violencias en todas sus formas, con los feminicidios y transfemicidios como su expresión más cruda. Decimos Feminicidios porque entendemos que el Estado es responsable, porque estamos hartas de que por acción u omisión se siga matando a una mujer cada 20 horas por día en nuestro país, a lo que se suman los transfemicidios y los crímenes de odio. En Entre Ríos, los asesinatos de Julieta Riera y Fátima Acevedo demostraron que el Estado no está a la altura de las circunstancias, aunque existan algunos refugios, hagamos denuncias y se dicten perimetrales. Y exigimos justicia, sabiendo que justicia es que no vuelva a pasar.
La conquista de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es un triunfo para las personas gestantes, que ahora pueden decidir un poco más sobre sus cuerpos y sus vidas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que se pueda acceder efectivamente a ese derecho en todo el país. En las universidades, necesitamos que se implemente la Educación Sexual Integral con perspectiva de género y derechos.
Otra deuda pendiente de la universidad en general y de la nuestra en particular es la implementación del cupo trava/trans.
Esta enumeración podría quizá pensarse como anecdótica si no pensáramos que en realidad son expresiones del sistema cis-hetero-patriarcal en el que vivimos, que además es un sistema de clase, racista y capacitista. La situación de las mujeres y disidencias es un problema social y político; es individual pero también colectivo. No alcanza, aunque es muy necesario, que los varones cis se deconstruyan y repiensen sus masculinidades y su situación en el mundo. No alcanza con que las mujeres y disidencias cuestionemos nuestros roles, rompamos estereotipos y demos batallas individuales. Necesitamos que el Estado se haga cargo, y eso incluye políticas públicas con presupuesto acorde a las necesidad y a la emergencia de la situación. No alcanza que haya un Ministerio o Secretarías de géneros y diversidades, que se hagan Comisiones y Consejos o que se implemente en algunos lugares la Ley Micaela.
No estamos solas; no estamos desesperanzadas ni vencidas. Nos mueve el deseo de dar vuelta todo y nuestra potencia transfeminista. Sabemos que esta lucha es larga, y estamos dispuestas a seguirla hasta tener un mundo más justo y vivible para todxs.
Estamos hartas y en nuestro grito viven todas las mujeres que la historia silenció, las compañeras anarquistas, las mujeres obreras, las revueltas feministas de las mujeres, lesbianas y disidencias negras, la resistencia de las machis y las mujeres originarias, la inmensa marea latinoamericana y mundial de estos últimos años.
Desde SITRADU llamamos y convocamos a todas las mujeres y disidencias de la UNER a organizarnos para avanzar en la conquista de nuestros derechos, a encontrarnos, a pensar y hacer juntas para dar vuelta todo, convirtiendo nuestro dolor y nuestra bronca en puño cerrado, en lucha. Este 8 de marzo, paremos el mundo.