Desde el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (SITRADU) hemos sostenido asambleas, reuniones y discusiones que nos permitieron pensar de forma colectiva la experiencia del 2020 y los desafíos por venir en el 2021.
En ese sentido podemos afirmar que la experiencia de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en la Universidad Pública es de aguda precarización: bajos salarios y profunda frustración en relación con las respuestas a nuestros reclamos; fragilización extrema de la interlocución efectiva por ausencia de políticas activas en relación con la garantía de un piso mínimo en las condiciones materiales de conectividad, tanto de docentes como de estudiantes. Las tareas de cuidado se han intensificado durante este período y han recaído principalmente en las mujeres y disidencias, lo que complejiza aún más el escenario. También, en muchos casos, el encierro profundizó situaciones de violencia de género y maltrato. Todo esto en el marco del abandono por parte de las autoridades de la universidad, de la voluntad efectiva de convocatoria a instancias de deliberación y resolución colectiva .
En estas condiciones, que no son nuevas y que enfrentamos manteniéndonos a flote entre estudiantes, docentes y pays (cosechando gestos impensados), hemos aprendido de la experiencia de la incertidumbre y la vulnerabilidad compartida. Y ello nos coloca hoy, lejos de la exhibición de un orgullo vacío, en condiciones de aportar a un pensamiento colectivo a la necesaria deliberación para imaginar estrategias y actuar hoy en defensa de nuestra universidad pública.
La universidad pública es motivo de nuestra preocupación porque es nuestro trabajo, el que nos involucra con otres en esa aventura inquietante, apasionante, en ocasiones de angustia y desazón, pero siempre vital: la educación. La defensa de una cultura y una educación pública nos compromete con modos de pensar y actuar lo público, y nos interpela a hacernos cargo de la promesa de una vida vivible para todes. Como espacio donde lo personal y lo colectivo, lo compartido y compartible, adquieren formas diversas y móviles, incluso efímeras, su potencia performativa y deliberativa supone siempre la existencia de la circulación y la posibilidad de la emergencia de discursos contrahegemónicos y disidentes. Como instancia en la que se desnaturalizan las jerarquías sociales, políticas y por lo tanto se disputan nuevas formas de igualdad.
Esa es la condición pública de la universidad y por eso nos sitúa en la tarea de la invención colectiva de horizontes de vida vivibles. Encarnar realmente este mandato involucra el sentido y la existencia contemporánea de la universidad pública.
Pero sobre todo, supone exigir y elaborar hoy políticas activas que contravengan las actuales condiciones de creciente y acuciante desigualdad en el acceso y permanencia en la educación universitaria, que no es otra cosa que ser garante del derecho a la educación. Ello es inviable en las actuales condiciones de empobrecimiento material y simbólico del trabajo docente: retraso salarial, desconocimiento de gastos para sostener la enseñanza y desactivación de las instancias deliberativas.
Exigimos a la UNER, con carácter urgente, políticas activas en relación con:
Reconocimiento de gastos. Piso mínimo considerando las actuales condiciones de injusticia salarial extrema. En el año 2020 tuvimos un aumento salarial del 7% más pequeñas cuotas a terminar de cobrar en abril del 2021. Con contratos precarizados y cargos de dedicaciones simples no hay virtualidad ni presencialidad (mucho menos bimodalidad) posibles.
Garantía de condiciones de conectividad (plataformas, materiales, computadoras, dispositivos, etc.) que habiliten realmente la interlocución de docentes, estudiantes, pays y autoridades. Hemos afrontado la virtualidad forzada con nuestros bolsillos, desde la compra de dispositivos hasta el mejoramiento en la conectividad, plataformas destinadas a clases y tomas de exámenes se han caído imposibilitando su realización, es insostenible fingir que esta situación puede continuar.
Habilitación, ampliación e intensificación de las instancia de deliberación colectiva de les actores universitaries. La deliberación colectiva para la toma de decisiones político-académicas es fundamental si queremos que éstas resulten de un debate profundo y verdaderamente colectivo. La experiencia 2020 nos deja, entre otros tantos aprendizajes, que docentes, estudiantes y pays somos quienes realmente hemos recorrido el camino del trabajo virtual en las condiciones ya referidas. No queremos que las decisiones como los modos de abordar la bimodalidad, la continuidad de la toma de exámenes virtuales, los términos y plazos de las regularidades, la conformación de los equipos docentes e incluso las formas y condiciones del ‘retorno’ a la presencialidad, entre otras, se tomen de manera inconsulta, sin tomar en consideración las opiniones fundadas de quienes protagonizamos la enseñanza y el aprendizaje en la virtualidad, Tampoco avalaremos resoluciones que resulten de conductas inerciales que solo ponen en evidencia una suerte de modorra en la que algunas gestiones parecen haber caído con llamativa comodidad.